In an interview with Colombia-based media outlet Verdad Abierta, researchers Isabel Güiza-Gómez and Abby Córdova discussed recent findings from an E-VAW Lab research project aimed at investigating citizen attitudes towards lethal violence against social movement leaders and former combatants advocating for peacebuilding in Colombia. Research findings were also discussed in a seminar held in alliance with Dejusticia in Bogotá on June 14, convening state officials, scholars, social movements, and representatives from the Constitutional Court, who are tasked with addressing stigmatization against social mobilization and protecting social movements invested in peacebuilding.
By fielding a two-wave online survey panel, Isabel and Abby found significant stigma and violence justifying attitudes toward lethal threats faced by these two groups engaged in activism for democracy, development, and peace in the country. Only 52% of respondents expressed positive attitudes towards social leaders, while just 22% felt the same about peace agreement signatories. Negative perceptions are particularly pronounced when these groups advocate for land redistribution, which is seen as a destabilizing issue. Survey data revealed that respondents associated positive terms such as "human rights defense" and "community leadership" with social leaders, whereas ex-combatants were more often linked with negative terms like "kidnapping" and "delinquency." This stigmatization extends to public support for their initiatives; for example, only 15% supported policies for reintegrating ex-combatants into civilian life. Emotional stigma, or feelings of insecurity towards these groups, was also high. Approximately 66% of respondents felt unsafe around social leaders, and 77% felt the same about peace agreement signatories. This lack of empathy and high stigma levels contribute to justifying the violence against these groups.
These findings show that changing public perceptions is crucial for supporting these vulnerable groups and advancing the peace process. A key policy implication is that framing land redistribution claims as issues of democratic rights and promoting public awareness to reduce stigmatization. Public condemnation of violence and stronger governmental support could pressure politicians to implement effective protection measures.
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Estigma y Actitudes que Justifican la Violencia Letal contra Líderes de Movimientos Sociales y Excombatientes en la Colombia del Post-acuerdo
En una entrevista con el medio colombiano Verdad Abierta, las investigadoras Isabel Güiza-Gómez y Abby Córdova discutieron los hallazgos recientes de un proyecto de investigación del E-VAW Lab sobre las actitudes ciudadanas hacia la violencia letal contra líderes de movimientos sociales y excombatientes que abogan por la construcción de paz en Colombia. A partir de una encuesta en línea de dos olas, este estudio encontró que existe un estigma significativo y actitudes que justifican la violencia hacia estos grupos comprometidos con el activismo por la democracia, el desarrollo y la paz en el país. Solo el 52% de los encuestados expresó actitudes positivas hacia los líderes sociales, mientras que solo el 22% lo hizo hacia los firmantes del acuerdo de paz. Dichas percepciones negativas son particularmente pronunciadas cuando estos grupos abogan por la redistribución de tierras, la cual es percibida como un factor desestabilizador.
Los datos de la encuesta revelaron que los encuestados asociaban términos positivos como "defensa de los derechos humanos" y "liderazgo comunitario" con los líderes sociales, mientras que los excombatientes eran más frecuentemente vinculados con términos negativos como "secuestro" y "delincuencia". Esta estigmatización se extiende al apoyo público a sus iniciativas; por ejemplo, solo el 15% apoyaba políticas para la reintegración de excombatientes a la vida civil. El estigma emocional, o los sentimientos de inseguridad hacia estos grupos, también fue alto. Aproximadamente el 66% de los encuestados se sentían inseguros cerca de líderes sociales, y el 77% sentía lo mismo hacia los firmantes del acuerdo de paz. Esta falta de empatía y los altos niveles de estigma contribuyen a justificar la violencia contra estos grupos.
Isabel y Abby resaltaron que cambiar las percepciones públicas es crucial para apoyar a estos grupos vulnerables y avanzar en el proceso de paz. En su estudio, estas investigadoras recomiendan enmarcar los reclamos de redistribución de tierras como cuestiones de derechos democráticos y promover la conciencia pública para reducir la estigmatización. La condena pública de la violencia y un mayor apoyo gubernamental podrían presionar a los políticos para implementar medidas de protección efectivas.
Estos hallazgos fueron discutidos en un seminario, que fue realizado en alianza con Dejusticia en Bogotá el 14 de junio. El evento contó con la participación de funcionarios estatales, académicos, movimientos sociales y representantes de la Corte Constitucional, quienes están encargados de abordar la estigmatización contra la movilización social y proteger los movimientos sociales comprometidos con la construcción de paz.
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