Abstract
Thirteen years ago the authoritarian regime in Brazil came to an end and the civilian transition government was installed. Three years later the Constitution of 1988 was promulgated with the most comprehensive and specific bill of rights in Brazilian political history. Today, despite the democratic guarantees in effect since then, the country is still ravaged by systemic violence in which the arbitrary actions of State institutions are combined with high rates of violent criminality, organized crime, intense physical aggression in conflicts among citizens, and a climate of generalized impunity. This paper evaluates the improvements in terms of political and civil rights that democratization has brought to Brazil as well as the serious problems that remain. The author raises the issue of the links between violence and economic and social inequality and examines the actual practice of the institutions that are supposed to apply the rule of law equally to all citizens-the police, the judicial system, and prisons. In conclusion he comments on the important roles of both civil society and the state in raising awareness of and upholding human rights.
Resumen
Hace trece años el régimen autoritario en Brasil llegaba a su fin y asumía el gobierno civil de transición. Tres años más tarde se promulgó la Constitución de 1988 con la declaración de derechos más comprehensiva y específica de la historia política brasileña. Hoy, a pesar de las garantías democráticas vigentes desde entonces, el país continúa siendo devastado por una violencia sistemática en la que las acciones arbitrarias de las instituciones del Estado se combinan con altas tasas de criminalidad violenta, crimen organizado, intensa agresión física en los conflictos entre los ciudadanos y un clima de impunidad generalizada. Este artículo evalúa las mejoras que la democratización ha traído a Brasil en términos de derechos sociales y políticos así como los serios problemas que aún persisten. El autor señala los vínculos entre la violencia y la desigualdad económica y social y examina la actual práctica de las instituciones que, se supone, deberían aplicar el imperio de la ley igualmente a todos los ciudadanos: la policía, el sistema judicial y las prisiones. Concluyendo, el autor comenta sobre los importantes roles tanto de la sociedad civil como del estado en la concientización y la defensa de los derechos humanos.
