Operation Condor, The War on Drugs, and Counterinsurgency in the Golden Triangle (1977-1983)

In the late 1960s, the Mexican government launched a series of counternarcotics campaigns characterized by the militarization of drug production zones, particularly in the northwestern region—the so-called Golden Triangle, epicenter of both production and trafficking of marijuana and opium poppy since the 1930s. Operations Canador (1969–1975) and Trizo (1976) served as a laboratory for methods to curb drug production, ranging from harassment of drug growers to the aerial defoliation of illicit crops. Operation Condor (1977–1988) combined and enhanced these strategies, wreaking havoc on communities of alleged drug growers, but without entirely disrupting the drug industry. This paper explores the role of the US government in the militarization of Mexico’s anti-drug policy, underscoring how the ruling party (the Institutional Revolutionary Party, PRI) took advantage of this shift to tackle domestic issues and reassert its hegemony. I argue that Operation Condor functioned as a counterinsurgency campaign oriented to thwart both social and armed movements, eliminate competitors in the narcotics market, and reorganize the drug industry to protect successful drug lords. Operation Condor also caused the decentralization of the drug industry from the northwest and created a new clientelistic pact between drug lords and national security agencies, such as the Federal Security Directorate 
(DFS), the Office of the Attorney General of Mexico–Federal Judicial Police (PGR-PJF), and the Secretariat of National Defense (SEDENA), which benefited from drug proceeds. Finally, the de facto state of siege imposed in the Golden Triangle produced thousands of victims of harassment, torture, rape, murder, forced-disappearance, and displacement; massive human rights abuses that authorities either concealed or denied. 

RESUMEN

A finales de la década de los sesenta, el gobierno mexicano lanzó una serie de campañas anti-narcóticos caracterizadas por la militarización de las zonas productoras de droga, especialmente en la región noroeste (el llamado Triángulo Dorado), epicentro tanto del cultivo de como del trasiego de marihuana y adormidera desde los años treinta. Las operaciones CANADOR (1969–1975) y Trizo (1976) sirvieron como un laboratorio de métodos para detener la producción de drogas, los cuales iban desde el hostigamiento a los cultivadores hasta la defoliación aérea. La Operación Cóndor (1977–1988) combinó y perfeccionó estas estrategias causando estragos en las comunidades de presuntos cultivadores de droga, sin que esto llegara a desmantelar esta industria criminal. Este artículo explora el papel del gobierno de los Estados Unidos en la militarización de la estrategia anti-drogas de México, enfatizando el hecho de que el partido de Estado (Partido Revolucionario Institucional, PRI) aprovechó este cambio para atajar problemas internos y reafirmar su hegemonía. El argumento central sostiene que la Operación Cóndor funcionó como una campaña contrainsurgente orientada a suprimir los movimientos sociales y armados, eliminar a narcotraficantes para reducir la competencia y reorganizar la industria de las drogas para proteger a los principales jefes del narco. La Operación Cóndor también causó la descentralización de la industria de la droga del noroeste y creó un nuevo pacto clientelista entre los jefes del narco y las agencias de seguridad nacional, como la Dirección de Seguridad Nacional (DFS), la Procuraduría General de la República-Policía Judicial Federal (PGR-PJF) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), las cuales se beneficiaron de las ganancias del crimen organizado. Finalmente, el estado de sitio de facto impuesto en el Triángulo Dorado produjo miles de víctimas de hostigamiento, tortura, violación, asesinato, desaparición forzada y desplazamiento; violaciones graves a los derechos humanos ocultadas o negadas por las autoridades de diferentes niveles de gobierno.